El cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales con los actuales patrones de producción y consumo son innegables y representan una amenaza existencial para la humanidad. Desde hace varios años los múltiples desastres ecológicos, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad y los cambios de temperaturas han venido advirtiéndonos que todas nuestras acciones, por mínimas que sean, tienen consecuencias en el medio ambiente. Hoy, ha hecho falta una pandemia para que el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y el rediseño de nuestras economías estén en la agenda.

El “paradigma ecológico”[1] que surge de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente es cada vez más reconocido (el derecho a un medio ambiente sano está consagrado en más de 100 constituciones en el mundo) ya que uno no puede disfrutarse sin el otro.[2] De hecho, la inclusión de la preservación ambiental y la consagración del derecho al medio ambiente sano en la Constitución Argentina (Capítulo Segundo, “Nuevos derechos y garantías”) es indudablemente uno de los aspectos más positivos de la Reforma Constitucional de 1994. Lo que hasta entonces se interpretaba incluido dentro de los derechos no enumerados del art. 33 CN, ahora tiene la máxima jerarquía.[3]

Una evolución similar se dio en el ámbito internacional, donde inicialmente se reconocía una relación implícita de los derechos humanos con el medio ambiente. Sin embargo, la contaminación ambiental descontrolada y la “imposibilidad del disfrute y ejercicio de los derechos humanos en condiciones ambientalmente desfavorables”[4] han sacado a la luz el íntimo vínculo que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente. Así, la problemática ambiental como “derecho al medio ambiente” comienza a ser reflejada en instrumentos internacionales como la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la ONU en el año 1982, que prevé no solo el deber de los Estados, sino también el derecho y la responsabilidad de los individuos en la protección del ambiente, consciente que la especie humana es parte de la Naturaleza y que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales.[5]

Asi, la ONU ha dicho que “nuestros derechos humanos están interrelacionados con el entorno en que vivimos. Los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de esos derechos contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible.”[6] En esa línea, ha enumerado los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, entre los que ha incluido la responsabilidad de los Estados en garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y que los Estados respeten y protejan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las cuestiones ambientales.[7]

Afortunadamente hoy en día, prácticamente ningún instrumento constitucional moderno ignora que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental, y un presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos.[8]

El Cambio de Paradigma: del “soft law” al “hard law

El filósofo Fritjof Capra[9] nos enseña que debemos pensar el mundo como una red en la que hay una dependencia mutua y equitativa, y en la que todos los factores involucrados se benefician, complementan y cooperan de formas variadas con los demás. Esto se ve claramente en la relación “empresas-sociedad”, en la cual las empresas representan un pilar del desarrollo de nuestra sociedad, aunque muchas veces sus actividades impactan adversamente no solo en ella sino también en el medio ambiente.

El mundo 2.0 y la híperconectividad han dado lugar a un cambio de paradigma que está en línea con lo que plantea el filósofo. Asi, ya no se trata de que las empresas busquen incrementar sus efectos positivos en el medio específico en que desarrollan sus actividades, sino de identificar los impactos negativos que generan (o puedan generar) en toda su esfera de influencia. El enfoque es entonces “sistémico, preventivo, proactivo, de precaución y – cuando éste no haya sido efectivo – de remedio”, dando la “posibilidad de anticipar y mitigar posibles conflictos, reducir riesgos jurídicos, y recabar tempranamente información útil para asegurar la viabilidad económica de la empresa en el largo plazo”.[10]

La sostenibilidad empresarial ha pasado de la voluntariedad a la obligatoriedad. Atrás han quedado los tiempos de la primacía del “soft law” (estándares y recomendaciones de organismos internacionales, técnicos y gremiales) para dar lugar a la obligatoriedad del “hard law” que requiere a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales y que se desarrollen de manera responsable, respetando a las personas, la sociedad y el ambiente. Así, muchos países han iniciado procesos legislativos haciendo hincapié en los procesos de debida diligencia en la cadena de suministro, la transparencia y divulgación de información, y la responsabilidad de los directores respecto a las acciones de las empresas que administran.

La Apuesta Europea

En línea con este cambio de paradigma, en diciembre de 2019 la Comisión Europea (CE) adoptó el European Green Deal (EGD) como una nueva estrategia para, por un lado, modernizar la UE y lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; y, por el otro, generar que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos naturales.

El EGD tiene como prioridades: (i) hacer de Europa un continente neutro desde el punto de vista climático; (ii) proteger la vida humana, los animales y las plantas reduciendo la contaminación; (iii) ayudar a las empresas europeas a convertirse en líderes mundiales en tecnologías limpias; y, (iv) garantizar que la transición verde sea justa e integradora.[11]

Para garantizar una transición irreversible, en marzo del 2020 la CE propuso la primera Ley Europea de Clima, y, unos meses más tarde y redoblando la apuesta, presentó un plan para reducir aún más las emisiones para 2030 (55% respecto de 1990). El objetivo: convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Por su parte, el European Climate Pact (puesto en marcha a fines del 2020), ofrece una oportunidad para que las instituciones colaboren estrechamente en la creación de un marco propicio para la participación de la sociedad civil y los ciudadanos, basándose en los procesos de consulta existentes.

Con estas normas se busca proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y bienestar de los ciudadanos, aspirando a que las emisiones y absorciones de gases efecto invernadero estén equilibradas en la UE en 2050 y a partir de ese momento, lograr emisiones negativas.

La CE ha dicho que esta “estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática”.[12] Sin embargo, muchos han criticado esta iniciativa por considerarla insuficiente. Y es que lo que se necesita ahora es una transformación rápida y eficaz, lo que hace que una propuesta a 30 años pueda llegar a parecer vacía.

La Diligencia Debida y el Rol de las Empresas

En febrero de este año la CE adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad con el objeto de “fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales”.[13] A través de esta propuesta la UE reconoce el rol fundamental que tienen las empresas en la construcción de una economía y una sociedad sostenibles y exige que ellas “determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (por ejemplo, trabajo infantil y explotación de los trabajadores) y en el medio ambiente (por ejemplo, contaminación y pérdida de biodiversidad)”.[14]

La idea es dejar de lado la “buena voluntad” de las empresas estableciendo un verdadero deber de diligencia debida en materia de sostenibilidad que deberá ser comunicado públicamente. A pesar de no incluir a las pequeñas y medianas empresas directamente, su ámbito de aplicación es amplio ya que abarca tanto a empresas de la UE como de terceros países con actividades en dicha región.

Cabe destacar que esta propuesta otorga un rol clave a los directivos de las empresas, obligándolos a establecer y supervisar su aplicación e integrarla en la estrategia empresarial, para garantizar que la diligencia debida sea parte de todo el funcionamiento de la empresa.

Si bien esta propuesta todavía no es una Directiva, se prevé su presentación al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción y concluido dicho proceso, que los Estados miembros incorporen la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo de dos años.

El Rol de los Tribunales y el Guiño Histórico de Alemania a la Sustentabilidad

En 2021, tras una demanda presentada por grupos ecologistas, el Tribunal Constitucional Supremo de Alemania dictaminó que las medidas de protección del clima receptadas por su legislación actual eran insuficientes para proteger a las generaciones futuras. En este fallo histórico, los jueces han obligado al gobierno alemán a fortalecer la legislación para proteger a los jóvenes y de este modo han otorgado al Poder Ejecutivo plazo hasta finales del 2022 para mejorar su Ley de Protección del Clima y asegurar que se cumplan los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 de forma más inmediata. El tribunal basó su decisión en la necesidad de proteger “los derechos fundamentales al futuro humano” de los jóvenes, considerando que la ley, en su estado actual, contempla objetivos centrados en fechas futuras demasiado lejanas, y que para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris de 2015 son necesarias medidas más urgentes y de más corto plazo.

El Tribunal explica que el deber objetivo de protección que se desprende del artículo 20a de la Ley Fundamental alemana abarca la necesidad de tratar las bases naturales de la vida con tal cuidado y dejarlos en tal estado que las generaciones futuras que deseen seguir preservando estos fundamentos no se vean obligadas a una “abstinencia radical”.[15]

El Tribunal añade que “[p]rácticamente todas las libertades se ven potencialmente afectadas por estas futuras obligaciones de reducción de emisiones, ya que casi todos los ámbitos de la vida humana están relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, se ven amenazados por restricciones drásticas después de 2030”.[16] La principal crítica es que no hubiese una hoja de ruta para el lapsus entre 2031 y 2050.

Recordemos que, previo al EGD, los países europeos habían firmado en 2015 el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir el aumento de la temperatura media mundial entre 1,5 C° y 2 C°, respecto de niveles preindustriales, a través de medidas más urgentes y a más corto plazo.

Por su parte, el gobierno alemán no se hizo esperar y respondió a la sentencia con la promesa de una rápida aplicación de estos cambios en la ley.

Otra decisión[17] que podría sentar un fuerte precedente en este ámbito es la de un Tribunal holandés (Distrito de La Haya) que en mayo del 2020 ordenó a Royal Dutch Shell, el gigante energético anglo-holandés, que reduzca sus emisiones de carbono en un 45% neto para 2030 en comparación con los niveles de 2019, considerando que los actuales planes de reducción de dicha multinacional no eran lo suficientemente concretos, y que aun cuando los compromisos del Acuerdo de Paris han sido asumidos por los países, el sector privado también tiene la responsabilidad de respetar el derecho a un ambiente sano y contribuir a su preservación. Sin embargo, no especificó cómo la empresa debería lograr el recorte ordenado, dejando en claro que la misma “tiene total libertad para cumplir con su obligación de reducción y para dar forma a la política corporativa del grupo Shell”.[18]

Los tribunales de los países más influyentes de Europa se han expedido en este sentido y están urgiendo a actores públicos y privados a que tomen cartas en el asunto de manera inmediata.

Argentina de Cara al Futuro

En Argentina, el proceso de “toma de consciencia” ya es un hecho y ha quedado plasmado en la normativa constitucional. Sin embargo, fenómenos ambientales adversos que ya son tomados como una realidad en el territorio nacional  demuestran que queda pendiente un proceso mucho más complejo: la internalización.

Se suele pensar que el desarrollo de un país y la preservación del ambiente no van de la mano y lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. “El acierto reside en establecer una armonía entre ambas cuestiones, mediante el dictado de normas serias y razonables, acordes a la realidad en la que serán aplicadas”[19] Leyes como la Ley General de Ambiente, la ley para la gestión integral de los residuos industriales y otras actividades de servicios, o para la gestión de los recursos hídricos son dignas de celebración y demuestran que esa presunta dicotomía e incompatibilidad no es más que un error. “El control y la preservación de los recursos naturales debe necesariamente surgir de una aplicación programada de medidas coherentes y razonables de contenido económico, jurídico y político.”[20]

En cuanto a la responsabilidad de los directores de empresas en materia medioambiental, la Ley N° 25.675, que establece la Política Ambiental Nacional, amplía la responsabilidad de los daños medioambientales a los directores (“[e]n el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación”).

Lo cierto es que la Argentina, con toda tu riqueza natural, es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, sin embargo, todavía le queda mucho por hacer en esta materia. Los fallos antes mencionados deberían ser tomados como un ejemplo y un motor para seguir avanzando.

Debemos crear nuevas formas de interactuar con la naturaleza que garanticen un mundo socialmente más justo y que permitan la regeneración de los recursos naturales. Este trabajo debe ser hecho en conjunto y armonía entre actores públicos y privados: los primeros, a través de la aprobación de normas con bases sólidas; y los últimos, a través de programas internos específicamente diseñados para disminuir en la mayor medida posible, los impactos ambientales negativos de su actividad.

Somos la primera generación consciente de nuestro impacto en el uso de los recursos naturales y tal vez la última capaz de tomar las medidas necesarias para mitigarlo, y proteger el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano y sostenible. Sabemos que debemos cambiar, pero estamos a punto de perder la oportunidad de hacerlo a tiempo.

 


Notas:

[1] Morales, G. CAPRA, CONTESTACIÓN POSMODERNA Y PARADIGMA ECOLÓGICO. Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci). (Junio, 2005). EISSN: 2215-3896. Vol 29 (1): 32-43. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7094687.pdf

[2] UN Environment Programme. What are environmental rights? Disponible en: https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what

[3] López Alfonsín M. y Tambussi, C. El Medio Ambiente como Derecho Humano. Capítulo XI. Disponible en: capXI.pdf (gordillo.com)

[4] Id.

[5] Id.

[6] Naciones Unidas. Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. 2018. Disponible en: FP_ReportSpanish.PDF (ohchr.org)

[7] Id.

[8] López Alfonsín M. y Tambussi, C. El Medio Ambiente como Derecho Humano. Capítulo XI. Disponible en: capXI.pdf (gordillo.com)

[9] Morales, G. CAPRA, CONTESTACIÓN POSMODERNA Y PARADIGMA ECOLÓGICO. Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci). (Junio, 2005). EISSN: 2215-3896. Vol 29 (1): 32-43. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7094687.pdf

[10] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/02/21/sostenibilidad-empresarial-de-la-voluntariedad-a-la-obligatoriedad/

[11] Open access Government. The European Climate Pact. 2021. Disponible en: The European Climate Pact (openaccessgovernment.org)

[12] Comisión Europea. Estrategia a largo plazo para 2050. Disponible en: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es

[13] https://interdependencecoalition.eu/the-european-commission-has-missed-an-opportunity-to-make-history-with-its-proposal-on-corporate-sustainability-due-diligence/

[14] https://interdependencecoalition.eu/the-european-commission-has-missed-an-opportunity-to-make-history-with-its-proposal-on-corporate-sustainability-due-diligence/

[15] Meyer, D. Climate bombshell: German court tells government it must do more to save future generations from ‘radical abstinence’. Fortune. 2021. Disponible en: https://fortune.com/2021/04/29/germany-climate-court-ruling-emissions-targets-2030-2050-radical-abstinence-fridays-for-future/

[16] Connolly, K. ‘Historic’ German ruling says climate goals not tough enough. The Guardian. 2021. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-enough?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210430&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily

[17] Este fallo se encuentra en instancia de apelación.

[18] Corder, M. Court orders Royal Dutch Shell to cut net emissions by 45%. Abc News. 2021. Disponible en https://abcnews.go.com/International/wireStory/court-orders-royal-dutch-shell-cut-carbon-emissions-77915666

[19] López Alfonsín M. y Tambussi, C. El Medio Ambiente como Derecho Humano. Capítulo XI. Disponible en: capXI.pdf (gordillo.com)

[20] Id.