El nuevo gobierno ha iniciado su gestión con gran ritmo y numerosas propuestas que suponen cambios de fondo para nuestra economía y negocios, como ameritan tanto el crítico momento como la extensa pero fructífera campaña electoral concluida ya un mes atrás. Muchas de las respuestas de la dirigencia política recibidas hasta el momento parecen querer evitar el fondo de la cuestión, que es lo que verdaderamente importa, si lo que queremos es salir de esta situación socioeconómica verdaderamente desesperante.
El DNU dictado por el Presidente Milei consiste básicamente en retraer al Estado de una serie de ámbitos en los cuales estaba siendo más destructivo que protectivo, liberando las energías del sector privado. Esta medida está claramente alineada con lo que el Candidato Milei prometió y la ciudadanía avaló muy mayoritariamente. Esto exige de quienes estén en contra de alguna de estas medidas una clara y expresa explicación ante la ciudadanía del porqué de una oposición que, prima facie, contradice la voluntad popular mayoritaria: tal es la prerrogativa que debemos concederle a cualquier gobierno recién elegido por un amplio margen de votos. No es políticamente legítimo, en cambio, eludir esta explicación, ni siquiera amparados en cuestiones formales, como parece ser el camino elegido hasta el momento por todos los políticos opositores a esta medida.
Quienes estarían de acuerdo con el fondo, por su parte, esgrimen dudas de procedimiento. Las críticas amigas más usuales son éstas: i) o bien que no hay necesidad y urgencia o bien que la urgencia que hay se utiliza como excusa para modificar otros temas que no la solucionan, ii) o que hay tiempo y disposición del Congreso para tratar todas estas medidas, iii) o que, si se aprobasen de este modo, cualquier futuro gobierno podría revertirlas con la misma facilidad de un DNU, lo que impide la seguridad jurídica que se busca alentar para generar inversiones.
Ninguna de estas críticas es sostenible, en mi opinión. Si hay necesidad y urgencia, entonces es el Ejecutivo el que tiene permitido legislar y ni el Congreso ni los demás dirigentes políticos están en condiciones de juzgar la adecuación de las medidas a los problemas de esa emergencia. Esa es la respuesta adecuada a una emergencia: se deja la decisión en manos de quien tiene legitimidad de gobierno. ¿Acaso alguien modificó o se puso a discutir detalles del DNU ASPO (cuarentena) de Fernández frente el Covid? El Presidente se ponía al frente de la emergencia.
Además, el Congreso solo debe evaluar la emergencia, no las medidas o su adecuación como respuesta a ellas. Pues evaluarlas es justamente legislar. Y si el Congreso las evalúa y legisla, entonces no estamos en situación de necesidad y urgencia. No existe ningún procedimiento constitucional que prevea una legislación sustancial “mixta”, sino solo vetos de un poder al otro que legisla. En el trámite ordinario, el Ejecutivo puede vetar. En el extraordinario, como éste, es el Congreso el que puede vetar. Si esta situación es de emergencia, pues legislará el Presidente. Si no, el DNU será inválido. Por lo tanto, esta primera objeción se dirime definiendo si hay o no emergencia. Y si hubo varias situaciones de emergencia recientes, ¡vaya si ésta lo es! ¿Quién podría negarse a ello?
La segunda objeción dice que el Congreso está disponible para evaluar todas estas medidas en trámite ordinario, por lo que no es necesario apelar a un DNU. Lo primero que hay que señalar es que la crisis lleva al menos un año de existencia, durante el cual todos sabíamos que nos encaminábamos a una hiperinflación. El gobierno entrante utilizó ese tiempo para elaborar un programa de reformas muy ambicioso y estudiado. El Congreso, ¿qué hizo mientras tanto? ¿Acaso evitó la emisión monetaria, siendo que es su facultad constitucional expresa? ¿Acaso trató proyectos para desregular la economía, buscando facilitar inversiones y empleo? ¿Acaso buscó evitar el enorme déficit de empresas públicas? ¿Impidió que el Ejecutivo gastara muy por encima de sus límites presupuestarios que él mismo debe imponer?
Si la respuesta a todo esto es negativa, ¿por qué deberíamos creer ahora que el Congreso trataría de manera oportuna todas estas medidas que ni siquiera elaboró ni pensó? ¿Cuánto le llevaría al Congreso hacerlo? ¿Sería en un tiempo adecuado a la crisis? La real medida de la necesidad y urgencia debe analizarse en términos de la adecuación de la actividad legislativa ordinaria, razonable y esperable a la gravedad de la crisis. El Ejecutivo tiene un plan: impedirlo para que el que lo haga, aunque mucho más tarde, sea el Congreso, ¿tiene algún sentido? ¿O es simplemente entrar en un camino en el que solo quedarán pertrechos de todas estas importantes medidas propuestas? ¿Y para qué habremos elegido Gobierno?
Por último, se escucha, sobre todo en ámbitos de negocios y de parte de los políticos más sensibles a esos ámbitos, que la vía del DNU es endeble a futuro y no generará el mismo impacto en los inversores que generaría una sanción legislativa. Ante esto, dos reflexiones. No cualquier gobierno en cualquier momento puede dictar un DNU de semejante importancia e impacto: lo dicta un Presidente recién asumido con gran apoyo popular y un clarísimo e indisimulado mandato en esta dirección. Un DNU no es un mero papel firmado, como algunos parecen suponer. Requiere de un respaldo acorde a la ambición de su contenido, y éste DNU lo tiene.
En segundo lugar, para que estas medidas tuvieran verdadera mayoría legislativa se requiere de mucho tiempo en el cual se avienten los miedos que genera este verdadero cambio de época. Y aquí se ventila una cuestión más profunda que las características de este nuevo gobierno nos obligarán a discutir. Cuando el voto popular del Presidente no se condice con las ideas imperantes en el Congreso, ¿cómo se dirimen los límites para que las dos fuentes de legitimidad puedan convivir? Existe un espacio común en el cual los Legislativos suelen avanzar sobre espacios de los Ejecutivos, lo cual nunca se pone de manifiesto como sí sucede en los casos contrarios. Cuando el Ejecutivo legisla, como en un DNU, las alarmas se encienden con toda razón. Pero cuando los Legislativos gobiernan, en cambio, nadie suele defender a los Ejecutivos.
Gobernar mediante leyes es cristalizar legalmente programas de gobierno que deben ser atribuciones del gobierno de turno, no del Congreso. No tenemos una clara delimitación en nuestra deliberación política al respecto, pero la deberemos tener prontamente, ya que vivimos una encrucijada en la cual las diferencias entre Ejecutivo y Congreso son muy amplias. Y ninguno de los dos poderes debe prevalecer sobre la jurisdicción del otro. No estamos en un sistema parlamentario sino presidencialista. Hasta ahora había gran consenso de base entre los dos partidos gobernantes alternativamente. Esta vez, perdieron ambos y el Congreso refleja muy poco lo que expresa el mandato popular al Presidente. El Congreso deberá hacer esfuerzos para no impedir al Gobierno solucionar la crisis. Este es solo el primero.
El nuevo Presidente tiene un claro y ambicioso programa de gobierno frente a una crisis inédita. Dejémoslo gobernar y, frente aquellos detalles que el Congreso deba corregir, que lo haga con toda su legitimidad. No obstruir el DNU y abocarse a modificar aquellos detalles del DNU que no comparte en absoluto es la mejor contribución a la salida de la crisis que puede hacer hoy este Congreso. Frenar todas las medidas para empezar a estudiarlas con tiempos legislativos, en cambio, es actuar en contra de un claro mandato popular, poner palos en la rueda y querer tomar una iniciativa que el propio Congreso no tiene y es difícil que tenga.
Estas crisis requieren de acción. Las medidas son desregulatorias. Si se exceden en algunos casos, se puede volver a regular inmediatamente: nada lo impedirá. De hecho, si el DNU prevaleciera, seguramente muchas de estas actividades se irán volviendo a regular con el tiempo: son los ciclos normales de la política. Ahora estamos en un extremo: actuemos como sociedad, tenemos un gobierno que asume su rol responsablemente, algo que no nos pasa casi nunca. Aprovechémoslo.