El largo y extraordinario proceso electoral finalmente llegó a su fin y Javier Milei fue consagrado presidente electo. Nunca antes un candidato absolutamente externo a las estructuras partidarias, un verdadero outsider, como él mismo se define, había enfrentado al mayor aparato político imaginable, con un candidato-ministro de Economía gobernando sin ninguna restricción, ni pudorosa, ni presupuestaria. Tampoco se había atrevido antes ningún candidato con chances reales de éxito a proponer sin disimulos ni ocultamientos un tremendo ajuste fiscal (materializado en una motosierra para el recorte del gasto público) y monetario (promovido como una dolarización y cierre definitivo del banco central). Tampoco antes semejante candidato y atrevida propuesta habían recibido un contundente apoyo del 55% del electorado, con muy alta participación electoral y sin votos en blanco.
Ante este inusitado panorama político, cuyo motor evidente fue la juventud (no la gloriosa sino la sensata), la sorpresa fue seguida de las buenas expectativas. Un mensaje de las urnas en esta dirección implica, entre otras cosas, una clara revalorización de la iniciativa privada en materia económica. Y ante este escenario, los directores de empresa profesionales no podemos sino congraciarnos con él.
Lo que viene, más allá de las enormes incertidumbres que conlleva, tiene una dirección clarísima en cuanto a decisión soberana del pueblo. Honrar esta decisión será la responsabilidad de la clase política, por más que la enorme mayoría de ella no haya salido beneficiada por el electorado (más bien, todo lo contrario). Aun así, es su responsabilidad no trabar las decisiones del futuro gobierno sino colaborar con él para que la decisión de los argentinos se materialice de la mejor manera. Con restricciones y modificaciones, por supuesto, pero respetando la dirección que el candidato esgrimió y el pueblo votó sim ambages. La insistente advertencia acerca del desafío de la gobernabilidad del próximo presidente, que deberá administrar un apoyo parlamentario escaso (sólo 16% en Diputados y 11% en Senado), no puede ser naturalizado como una extorsión en contra de los lineamientos básicos de su propuesta, ya que ésta fue votada. Las restricciones parlamentarias no deben imponer la dirección sino solo límites generales pero que no le impidan al gobierno avanzar.
De nuestra parte, los directores de empresas privadas tenemos la oportunidad contextual de aprovechar las libertades y autonomía que nuestras empresas merecen y usarlas para avanzar creativamente, sin pedir ni permiso ni ayuda a un estado exhausto, cuya mayor contribución deberá ser la de no impedir: en la Argentina, una contribución enorme. En contraste con el laberinto crecientemente asfixiante en el que venimos administrando nuestras empresas a lo largo de los últimos cuatro años, el nuevo escenario no puede sino ser juzgado como fascinante y desafiante. Ojalá respondamos en consecuencia.
Por último, insistiremos frente a las nuevas autoridades con la implementación de nuestra Agenda Pública de Gobierno Corporativo 2024-2027 que ofrecimos a partir de lo deliberado en nuestra XII Convención Anual y en sendas publicaciones posteriores.