En los últimos meses, el mercado de agroinsumos de Argentina ha presenciado el default de pagarés bursátiles de al menos dos empresas importantes del sector. Mientras que en un caso se evidenció dolo, en el otro llama la atención la rapidez con la que una empresa pujante, referente del agro argentino y ejemplo de empresarios y emprendedores que habían desarrollado modelos colaborativos innovadores de siembra e insumos, se desmoronó.

 

Según una nota de Fernando Bertello en el Diario La Nación del 4 de febrero de 2024, "En los Grobo Agropecuaria están convencidos que lo que hicieron hoy, al solicitar su concurso preventivo de acreedores, era lo que podían y debían hacer para protegerse en el clima de default que venían arrastrando desde diciembre pasado... La única manera era actuar rápido, protegerse en la parte financiera; esto era esencial para proteger los activos, el negocio, era una obligación".

Las razones detrás de esta situación, aunque no conocidas por el público en general, son bien sabidas por los actores del agro y se han repetido innumerables veces en los últimos 30 años.

Inversores que buscaban resguardar sus pesos, estaban dispuestos a prestar dinero a tasas negativas en dólares, siempre y cuando la inflación y devaluación continuarán. Sin embargo, la llegada de un gobierno que tomó medidas para frenar la inflación y el proceso de devaluación, provocó que empresas sin un negocio genuino cayeran en default.

En el caso de la empresa mencionada, sus balances mostraban resultados positivos generados tal vez por situaciones financieras y no económicas, producto de estos procesos viciosos.

Es válido preguntarse si los profesionales que tomaron estas decisiones para proteger los activos de la sociedad, tuvieron la misma visión al tomar decisiones comerciales y operativas que los llevaron a esta situación. ¿No se percataron del problema al adquirir deudas con proveedores, bancos y entidades financieras para comprar principios activos o intermediarios, para luego formularlos y venderlos en el mercado a 360 días de plazo?

Cabe preguntarse si estos profesionales no esperaban que, una vez más, las devaluaciones licuarán sus deudas y les permitieran salir airosos con sus negocios financieros, sin necesidad de gestionar un negocio genuino.

Un amigo y mentor solía decir que si las líneas de gastos + costos se cruzan con las de los

ingresos, se termina el negocio.

Cualquier estudiante entiende que si se compra algo a 180 días, se tienen 30 días de

transporte y 30 días para transformarlo y llevarlo al mercado, no se puede vender a más de 120 días para poder pagar esa deuda.

Si además se desea obtener una ganancia para cubrir tasas bancarias o de pagarés bursátiles, se debe vender a un plazo menor al de la deuda y haber generado un margen que cubra los costos variables, los gastos fijos del período y la tasa de interés.

Es importante cuestionar qué llevó a estos profesionales a tomar estas decisiones y si existía una mejor manera de proteger los activos de la empresa, especialmente el activo reputacional, que es el mayor valor intangible que puede tener una sociedad. Este activo es el que permite a los accionistas recibir múltiplos de sus resultados al vender la sociedad, en los casos que esté valor fuese percibido como positivo.

Tras presentar el concurso preventivo de acreedores, este valor se acerca a cero. La empresa podría valer solo el valor de sus activos fijos y stocks, siempre y cuando no haya un acreedor hostil y la empresa termine valiendo su deuda.

En este contexto, es fundamental analizar las acciones de los directores. ¿Hicieron las

preguntas correctas? ¿Fueron incisivos con los responsables de la gestión? ¿Desafiaron al management para velar por los activos de la sociedad y proteger su reputación?