Parecerìa que el tema Vicentin ha salido del foco de la sociedad argentina, pero en algún momento atrajo la atención del país y provocó un debate fuerte en el que la calle pareció convencida de que una intervención del Estado no sería nunca la solución a un problema empresarial. Hubo fuertes sospechas de que el Gobierno de turno quería controlar una caja más y encarar un rol activo en la cadena de valor de la soja, en particular.
Repasemos un poco la historia de la empresa y la trayectoria judicial.
Sus negocios aparentes
En su apogeo, el grupo Vicentin estaba involucrado en todos estos negocios.
• Almacenamiento y molienda de granos - harina y pellets.
• Puerto sobre el Río Paraná.
• Procesamiento y comercialización de aceite comestible.
• Desde el cultivo de algodón hasta la confección de prendas de vestir; con hilanderías en Argentina y en Brasil.
• Producciòn de biodiésel, glicerinay aceites refinados en sociedad con Glencore y Molinos.
• Elaboración de jugo concentrado de uva en San Juan.
• Feed lot con 20.000 cabezas de ganado bovino.
• Grupo de 3 frigorìficos con cortes para mercado interno (50 locales propios) y para exportación.
• Producción de vinos.
• Acopio de miel.
Situaciones non-sanctas a su alrededor
Desde 2016 se ha venido denunciando que Vicentin facilitaba el narcotráfico a través de sus puertos, sin pruebas concretas.
En julio de 2022 se detectó en el puerto de la empresa la presencia de 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba para su exportación.
En 2024 Vicentin fue denunciada por un derrame de azufre en el muelle, parte de un cargamento que tenía como destino la empresa Nouryon radicada en la propia San Lorenzo.
En 2024 Carlos Andrés Vaudagna (director regional de la ex AFIP en Rosario y Santa Fe) declaró como arrepentido en la causa en la que estaba implicado en procesos penales de corrupción institucional. La causa reveló un entramado para asesorar a empresarios agropecuarios a fin de eludir impuestos, lavar dinero y colocarlo en cuentas offshore. Vaudagna adquirió dos mutuales a través de las cuales facturaba los servicios y a través de ellas realizaba inversiones inmobiliarias para blanquear dinero. La asociación ilícita para blanquear dinero y evadir impuestos se realizaba en coordinación con el juez federal Marcelo Bailaque, los empresarios Claudio Iglesias de San Cristóbal y el agente financiero titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Jorge Oneto.
Entre las principales empresas señaladas en el esquema de lavado de dinero mediante acciones de manera concertada al ex titular de Vicentin SAIC, Omar Scarel, y al empresario de medios de Santa Fe Nahuel Caputo. Vaudagna recurría al sistema de testaferros para generar más fondos y también blanquearlos. Así, la empresa Alma Láctea quedó a nombre de su madre y su mujer y la empresa Las Violetas de su hermano y su sobrino; con ambas lácteas había una relación de negocios con Vicentin. En semanas posteriores es detenido el juez Bailaque, dándose a conocer una serie de resoluciones judiciales con su firma que favorecieron en reiteradas ocasiones a la dirección de Vicentin directamente relacionada con la investigación penal por estafa en Rosario. Vaudagna había aparecido ante los investigadores en el año 2021 para justificar el hallazgo de USD 200 mil encontrados en una caja de seguridad bancaria de un hijo del presidente de Vicentin, afirmando que los dólares eran suyos; hubo evidencia de que para sostenerlo Vaudagna intentó generar un falso documento que lo justificara.
En 2025 se encontraron 460 kilos de cocaína entre pellets de girasol en un buque que estaba en el puerto de Vicentin, cargamento valuado en USD 6 millones. La semana anterior se había encontrado otro cargamento con 250 kg de cocaína en el mismo puerto.
Al mismo tiempo, el juez federal Marcelo Bailaque fue imputado, entre otros cargos, por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, etc. A fin de abril de 2025, el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Cruz, dictó prisión preventiva en su contra, aunque la medida no tendrá efecto hasta que el juez sea desaforado por el Consejo de la Magistratura. Además, le prohibió la salida del país y dispuso el embargo de sus bienes y cuentas bancarias.
La gente es mala y hubo y hay sospechas…
La crisis
En diciembre de 2019, Vicentin informó que iniciaba un proceso de reestructuración de pagos, entrando así en default. La empresa se declaró en una situación de "estrés financiero" : adeudaba USD 1350 millones, principalmente al Banco Naciòn. En febrero de 2020 se abrió el concurso preventivo.
En los primeros meses de la presidencia de Alberto Fernández, se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación ya que se encontraba endeudada y en concurso de acreedores─ corría riesgo de quiebra, y que se preparaba un rescate seguido de expropiación, con el objetivo de transformarla en una empresa de carácter público. Luego del anuncio se produjo el debate sobre si la intervención o la expropiación serían las mejores opciones para el rescate de la empresa. Finalmente, el 19 de junio este debate pareció haberse zanjado cuando el presidente aceptó una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti que implicaba desistir de la expropiación de los bienes. El plan del interventor Gabriel Delgado y del gobernador Perotti, era tomar el control de la administración de la compañía y, bajo la supervisión del juez que manejaba el expediente, poner a funcionar sus estructuras industriales.
Ese mismo 19 de junio el juez Lorenzini, estableció que los directivos de la empresa siguieran en el directorio, manteniendo como veedores a los interventores designados por el presidente Fernández. El 24 de junio Lorenzini decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por el gobernador Perotti. De esa forma volvió a tomar protagonismo la posibilidad de la expropiación de Vicentin, algo que Alberto Fernández remarcó cuando afirmó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".
El 14 de julio, luego de críticas de algunos sectores contra la medida, Mauricio Macri y varios de sus funcionarios entre ellos Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier Gonzàlez Fraga fueron denunciados penalmente por "defraudación al Estado" en el caso Vicentín. Durante la gestión de Macri, el Banco Nación le otorgó créditos irregulares por $ 18.000 millones de pesos a la cerealera, lo que representaba el 20% de la responsabilidad patrimonial computable del banco, un porcentaje que superaba los límites de concentración fijados en los estándares de Basilea y ponìa en riesgo las finanzas de la entidad. Fernàndez afirmó: "Yo me equivoqué con el tema Vicentín porque pensé que todos iban a salir a festejar el rescate de la empresa y sus trabajadores, pero eso no sucedió". Perotti intentò poner en marcha un fideicomiso bajo control provincial que maneje la empresa hasta que se forme una nueva sociedad mixta, sin los dueños originales; proyecto que contaba con el respaldo de Fernández.[22]
El concurso preventivo de Vicentin se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cual debe decidir si homologa el plan de pagos presentado por la agroexportadora o si habilita la apertura del cramdown.
A finales de noviembre de 2024 se convirtió en la cuarta empresa en pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis en menos de un año desde el inicio del mandato de Javier Milei. El grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo por USD 447.194.396,91, formalmente notificada en el expediente judicial el 17 de diciembre de 2024. En enero de 2025 el director independiente Estanislao Bougain declaró “Sin homologación, Vicentín quiebra y no se pagan más salarios”.
En febrero la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, que está en esa situación desde febrero de 2020.
¿Se justificó una intervención estatal?
NO. El entonces presidente Alberto Fernández anunció y elevó al Congreso un proyecto para intervenir y expropiar el grupo Vicentin.
Con su propuesta, Fernández consiguió provocar un banderazo que el sábado siguiente protestó masivamente en todas las grandes ciudades del país y obviamente en Avellaneda, provincia de Santa Fe, sede del grupo, contra este intento de afectar la propiedad privada y los mecanismos de gobernanza de este tipo de situaciones.
Existe en Argentina no sólo la Ley General de Sociedades, sino también la Ley de Quiebras que regula todo el mecanismo concursal para superar este tipo de situaciones de crisis en las empresas. El concepto de concurso preventivo busca asegurar el funcionamiento lo más normal que sea posible de la empresa en problemas, restringiendo el accionar de quienes la llevaron a esa situación. La quiebra trata de reestructurar la empresa a costa de la pérdida patrimonial de los dueños, pero buscando también la recuperación más rápido posible del uso productivo de los activos. Así está concebida dicha ley con vistas a un proceso rápido...
Con el recuerdo que trae el incidente de la plaza Tiananmen de Beijing, un juez comercial y civil de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) intervino con bastante coraje inicial (pues fue públicamente atacado por el presidente Fernández) contra el planteo oficial: el doctor Fabián Lorenzini.
Hacia adelante
Una empresa que con su empuje había llegado a formar un verdadero conglomerado agro-industrial y a constituir el motor privado de toda una región al norte de la provincia de Santa Fe. Este grupo ha estado expuesto a una verdadera disección – primero de su operatoria de negocios, de sus malas prácticas de decisiones y gobernanza, y por último a sospechas y casos concretos de ilegalidad para presumiblemente mejorar su posición general y su reputación.
El escrutinio no ha generado resultados positivos. El entramado de prácticas cuestionables en la empresa, negocios al borde de la legalidad, el uso de la corrupción de funcionarios ejecutivos y judiciales de la provincia, el favoritismo de un Banco público para mantener el grupo a flote, un contorsionado camino en la justicia provincial para conseguir una reconstrucción de las operaciones. Todo muestra aspectos negativos de gobernanza en un grupo empresario que se había hecho un nombre que justificaba la asociación con grandes empresas nacionales y multinacionales.
Vicentin seguramente no ha sido el primer caso ni será el último. Pero si la Argentina quiere ser un país ordenado y confiable para que propios y ajenos generen negocios que generen empleos de calidad, estas conductas tienen que ser erradicadas no sólo a través de la justicia comercial (y penal…) sino por sobre todas las cosas por la condena social. Y esto no se produce por la voluntad de un solo gobernante, sino como consecuencia de un cambio cultural en la sociedad y en paralelo de la reconstrucción de una burocracia ejecutiva y de un sistema judicial basados en la honestidad y la meritocracia.
En una próxima nota continuaremos con el tema con medidas concretas de prevención.