A raíz del artículo publicado el mes pasado sobre el caso Vicentin, recibí varios pedidos de concretar cómo se podría evitar la situación vivida con la empresa.
En primer lugar en una reforma del código Civil y Comercial, se podría agregar una prohibición expresa de que instancias políticas (ejecutivas y/o legislativas) tomen decisiones sobre situaciones como las que vivió el grupo Vicentin, dejando que intervenga la instancia judicial en la aplicación de la Ley General de Sociedades y la Ley de Quiebras. El Ministerio Público Fiscal debería estar alerta e intervenir de oficio cuando cualquier situación genere la sospecha de una defraudación ya sea al Fisco (caso Oil) ya sea a acreedores comerciales.
El Consejo de la Magistratura debería premiar actitudes como la que inicialmente tuvo el juez comercial y civil de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), el doctor Fabián Lorenzini. En concursos para instancias superiores, la defensa del debido proceso y el rechazo a intervenciones políticas deberían ser un elemento activo para puntuar a candidatos en dichos concursos. Sobre todo, que esta política sea explícita y unánime para todas las instancias.
El trabajo de divulgación y de advocacy de instituciones como el IGEP sólo pueden contribuir en alguna medida para evitar que directores de una empresa como Vicentin se pongan al servicio de sus propios intereses personales, por encima del interés societario y de las preocupaciones de toda una comunidad como la de la ciudad de Avellaneda, Reconquista y todo el norte de la provincia de Santa Fe. También se debería generalizar la conciencia de la existencia de formación en gobernanza de empresas y en ética y compliance en Argentina. Y la sociedad civil debería comenzar a exigir que se completen dichas formaciones para directores.
La carta orgánica de un Banco como el Nación deberían prohibir explícitamente y su Directorio condenar todo favoritismo hacia un grupo empresario para mantenerlo a flote. Este debería ser un mandato explícito a darle a los directores de Bancos que tengan participación estatal en su capital así como se debería exigir políticas explícitas al respecto en el momento de analizar y conceder apoyo crítico con fondos que son de propiedad de todos los ciudadanos. Las instancias de auditoría deberían actuar en forma preventiva y proactiva para señalar con pelos y señales operaciones que se detecten que no cumplan con los requisitos específicos del buen saber y entender de la gestión bancaria. Un banco de fomento no tiene que otorgar privilegios sino favorecer emprendimientos innovadores o con un fuerte impacto social.
Por último, a través de la difusión y el advocacy, es necesario transformar la conducta social ante individuos que no respeten los principios discutidos en el artículo anterior. Todavía hay una actitud de cierta simpatía con personas cuyas conductas individuales y colectivas lindan más con el delito que con un sentido de rebeldía política o presunta justicia social.
Sólo los cambios de cultura en el país conseguirán alterar conductas que son claramente antisociales.